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La Constitución es la ley de leyes, Por tal razón, recordando la jerarquización que de las distintas manifestaciones del derecho formuló KELSEN, se debe reconocer que toda rama del derecho necesariamente tiene una estrecha vinculación y relación de subordinación respecto de la Carta Política de cada Estado. Porque como expresión de la organización política del Estado y orden superior que define su estructura y las relaciones con los particulares, las distintas fuentes del derecho deben gobernarse y someterse a los principios y los mandatos del derecho constitucional.
“Nada distinto ocurre con el derecho bancario, cuyo alcance general debe enmarcarse dentro de las fronteras de la Constitución. Pero además ocurre que los textos constitucionales subrayan la responsabilidad del Estado respecto del desenvolvimiento y la estabilidad de los sistemas bancarios. No sólo definen la soberanía monetaria del Estado, sino que confían la guarda y tutela del ahorro como respon-sabilidad de la rama ejecutiva del poder público o del Banco de la República a quienes se les otorga los instrumentos de regulación necesarios para hacer eficaz la intervención pública sobre el mercado del ahorro y del crédito.
La Constitución de 1991 faculta al Congreso de la República para dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (art. 150, num. 19,) al propio tiempo que define como responsabilidad constitucional del Presidente de la República el ejercicio de la inspección y vigilancia sobre las personas que realizan tales actividades (art. 189, num. 24)” .
De suerte que el derecho bancario emerge dentro de un orden constitucional determinado y por mandato, las más de las veces, de los propios preceptos cons-titucionales que se ocupan del orden público bancario.